Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, se reunieron durante varias horas en la Casa Rosada el martes por la tarde para definir una nueva etapa del llamado plan motosierra. Esta iniciativa busca profundizar los recortes en la planta de empleados públicos y en el presupuesto de diversos organismos descentralizados, en un contexto económico complicado, marcado por despidos y salarios que no recuperan su poder adquisitivo, según diferentes consultoras.
Un funcionario cercano a Sturzenegger explicó al portal Perfil que “si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”, justificando así la continuidad de los recortes. La estrategia se enfoca en disminuir la cantidad de personal en entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad. El año pasado, intentos similares fueron frenados por el Congreso y la Justicia federal, pero ahora se busca avanzar con nuevas medidas.
Desde la asunción de Javier Milei el 27 de febrero, la gestión implementó un proceso de retiros voluntarios en estos organismos, con condiciones consideradas accesibles. Por ejemplo, en el INTA pueden acogerse al retiro voluntario empleados con al menos tres años de antigüedad y menores de 65 años al 31 de marzo de 2026. La indemnización establecida es de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Esta medida apunta a reducir en al menos mil trabajadores cada uno de los organismos mencionados, según confirmó Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INTA y miembro de la Coordinación Nacional del sindicato.
Boedo advirtió que “en este contexto de semejante crisis económica y con el agravante de la reforma laboral, la amenaza contundente es no cumplir con sus expectativas y agarrar la motosierra provocando despidos masivos”. Señaló además que “el INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Vialidad enfrenta un congelamiento salarial desde octubre de 2024, sin avances en la negociación paritaria a pesar de que la Justicia ordenó abrir una mesa de diálogo. Desde el gremio que representa a los trabajadores viales, cuya líder es Graciela Aleña, denunciaron que “pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”. Aleña criticó duramente la actitud de la DNV, señalando que “someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese al proceso inflacionario descontrolado que en estos dieciséis meses alcanza al 50%, tiene el solo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”.
