El Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves la ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal que declara la emergencia ambiental y habilita la concesión parcial del servicio de recolección de residuos, en el marco de un esquema que será inicialmente mediante contratación directa.
La iniciativa, compuesta por siete artículos y con pedido de tratamiento inmediato, obtuvo los votos necesarios con el acompañamiento del oficialismo y los dos ediles de La Libertad Avanza, lo que permitió alcanzar la mayoría especial requerida. Desde el bloque del PJ, en tanto, se cuestionaron tanto los tiempos como la transparencia del proceso.
Según se informó desde el Ejecutivo, la medida forma parte de una estrategia para optimizar recursos, mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a una problemática que se ha profundizado en los últimos años, vinculada a la recolección y la proliferación de microbasurales.
En el recinto, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para revertir la situación actual.
“Los vecinos formulan reclamos por la calidad de la recolección de residuos, la proliferación de microbasurales que afectan la salud y el ambiente, y esto se tiene que solucionar”, sostuvo Mauricio Rey que oficio como miembro informante durante la presentación del proyecto.
En ese sentido, se remarcó que la ordenanza faculta al Ejecutivo a concesionar de manera excepcional una parte del servicio, aclarando que se trata de un esquema mixto.
“No es una privatización, es una concesión para una parte de la ciudad. No habrá despidos ni pérdida de derechos laborales”, advirtió.
El concejal Felipe Sastre reforzó esa postura y encuadró la medida dentro de un proceso de gestión:
“Venimos a poner orden a un problema que heredamos. Será un modelo mixto, el Estado no se va a retirar. La emergencia es acotada y tiene un plazo concreto”.
“Azcué y su equipo trabajaron dos años en este proyecto. No es improvisado. La única forma de resolver los problemas es reconocerlos”, agregó.
Por su parte, desde La Libertad Avanza se justificó el acompañamiento al considerar que el servicio actual no responde a las demandas de la ciudad.
“Tenemos que hacernos una pregunta: ¿estamos logrando el servicio que se merecen los concordienses? Y la respuesta es no”, expresó la concejala Yaiza Pessolani.
“Es nuestra responsabilidad buscar alternativas que mejoren la eficiencia del servicio. Este régimen debe utilizarse con responsabilidad, transparencia y control”, añadió.
Desde el PJ las críticas fueron contundentes y apuntaron tanto al contenido como al procedimiento.
“El único objetivo de esta ordenanza es redireccionar el servicio hacia una empresa para que sea beneficiada”, advirtió el concejala Carolina Amiano.
“Acá hay un negocio y ya saben a quién le van a otorgar este servicio”, agregó.
En la misma línea, la concejala Claudia Villalba cuestionó el tratamiento del proyecto y planteó sospechas sobre una posible empresa beneficiaria.
“No somos una escribanía del Ejecutivo”, lanzó.
“Ya ingresaron cinco camiones de una empresa cordobesa, VITSA. Ninguna empresa traslada esos móviles sin saber que va a ganar la licitación”, denunció.
Además, puso el foco en la falta de tiempo para el análisis: “No pudimos leer el proyecto. Se tomaron dos años para analizar el tema, ¿no podían esperar unos días más?”, se preguntó.
La ordenanza también prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por concejales del oficialismo y la oposición junto a representantes del Ejecutivo, que deberá elaborar informes trimestrales sobre la implementación.
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