En Corrientes, la tensión social aumentó considerablemente luego de que el Gobierno provincial aplicara descuentos significativos en los salarios de los docentes correspondientes al mes de marzo. Estas retenciones, que en algunos casos alcanzaron hasta $800.000, generaron una fuerte reacción en la comunidad educativa y provocaron movilizaciones espontáneas en ciudades como Capital, Goya, Virasoro y Santa Lucía.
Los descuentos se realizaron sobre dos conceptos: el Código 193 y el Código 632, este último denominado Complemento Docente Provincial, creado mediante el Decreto 355/24 para compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno nacional. En la práctica, este complemento funciona como un “Ítem Aula” o un incentivo por presentismo. El sindicato SUTECO denunció que estos descuentos fueron “ilegales y desproporcionados”, afectando a docentes que participaron en el paro nacional del 2 de marzo, con montos que oscilaron entre $300.000 y $800.000.
La magnitud de los descuentos generó un fuerte rechazo en un sector docente que ya enfrentaba un aumento salarial del 6%, equivalente a apenas $12.000 en muchos casos, y un sueldo básico que no supera los $200.000. Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO, expresó que “ordenaron un descuento ilegal cuando deberíamos estar discutiendo haberes por encima de la línea de pobreza”. Además, los gremios ACDP y AMET se sumaron al reclamo, consolidando un frente crítico que presionó al Ejecutivo provincial a emitir un comunicado urgente el domingo para evitar que el conflicto escalara a una crisis social mayor.
Ante la presión social, la ministra de Educación, Ana Miño, anunció a través de sus redes sociales —donde tuvo que bloquear los comentarios debido a la gran cantidad de críticas— que el gobernador Juan Pablo Valdés ordenó el reintegro total e inmediato de los montos descontados. Según informó la ministra, los fondos estarán disponibles en las cuentas sueldo de los docentes a partir del miércoles 25 de marzo.
Sin embargo, Miño aclaró que la política de “no pagar días no trabajados” se mantendrá, aunque con modificaciones en su aplicación. El descuento por paro será proporcional a los días de inasistencia y no total sobre el complemento, buscando un equilibrio entre el derecho a la protesta y el reconocimiento económico por la asistencia. La ministra defendió la idea de avanzar hacia un sistema que otorgue un “valor real” al cumplimiento laboral, incentivando a los docentes que asistan a trabajar.
A pesar del anuncio del reintegro, el sector docente continúa en estado de alerta. El miércoles será una jornada clave, ya que además de la devolución del dinero descontado, comenzará el cronograma oficial de pagos con el aumento salarial del 6%. Los gremios advirtieron que mantendrán las acciones judiciales, como amparos, y las asambleas permanentes hasta que se garantice la “intangibilidad del salario”.
