La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo intervenido tras denuncias de corrupción en 2025, continúa generando problemas para el Gobierno nacional. Un informe interno del Ministerio de Salud, fechado en abril de 2025 y al que accedió el diario La Nación, reveló que en la compra de productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores se registraron sobreprecios que alcanzan hasta un 4239% respecto a los precios de referencia de otras empresas proveedoras.
Por ejemplo, se documentó la adquisición de un andador por un monto de $12.150.000, cuyo precio supera en más de 42 veces el valor de mercado. La factura, emitida a nombre de ANDIS, detalla que el producto incluye frenos de doble función, ruedas delanteras giratorias, asiento acolchado rebatible y canasto de compras, entre otros elementos.
El informe señala que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”. Este documento ya se encuentra en manos de la Justicia, en el marco de la segunda ronda de declaraciones indagatorias vinculadas a la causa contra el ex titular Diego Spagnuolo.
Las empresas involucradas en las ventas con presuntos sobreprecios son Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. En total, el Estado pagó a estos proveedores alrededor de $18.100 millones, según consta en 37 facturas recopiladas en el informe.
Farma Salud fue la principal proveedora, con un total facturado de $7.900 millones. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, está citado a declarar como indagado. Caballi tiene experiencia tanto en el sector público como privado, ya que fue director general de ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández por un breve período. Otros dos socios de Farma Salud, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, presentaron un descargo negando las acusaciones y responsabilizando a Caballi por las transacciones. Explicaron que, aunque fundaron la empresa en 2004, esta redujo su actividad por problemas económicos y retomó operaciones en 2024 a instancias de Caballi, quien se incorporó como socio mayoritario y ofreció nuevos negocios vinculados a su paso por la función pública.
Otra empresa mencionada en la documentación es Bymax Medical, cuyo gerente era Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de ANDIS y procesada en la causa. Di Giorno trabajaba junto a Miguel Ángel Calvete, también procesado. El informe detalla sobreprecios en facturas de diversos productos suministrados por estas firmas.
El informe también cuestiona la transparencia del sistema de licitaciones utilizado por ANDIS, que operaba a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis). Se sospecha que este sistema fue manipulado para “invitar” selectivamente a un grupo reducido de empresas a presentar ofertas, simulando competencias de precios ficticias que permitieron pagar sobreprecios.
La Justicia investiga estas irregularidades y convocó a declarar a 49 personas. Varios imputados intentan anular la causa alegando supuestas ilegalidades en la obtención de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se menciona un “3% para Karina”. Sin embargo, esta estrategia podría perder fuerza, ya que el fiscal Franco Picardi solicitó peritar la voz de Spagnuolo para confirmar la autenticidad de las grabaciones.
El juez Ariel Lijo dirige la investigación para determinar si en el área de Discapacidad existió una asociación ilícita que otorgaba contratos estatales a cambio de coimas que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor de las compras. La causa continúa en desarrollo con nuevas declaraciones indagatorias y análisis periciales.
