El gobierno de Javier Milei está finalizando un proyecto de ley para reformar la Ley de Medios sancionada en 2009. Esta iniciativa, elaborada con absoluto hermetismo por los equipos legales de la Casa Rosada, busca desregular el mercado de telecomunicaciones y establecer que los periodistas presenten declaraciones juradas de sus bienes bajo la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Los detalles de la propuesta fueron discutidos en la Quinta de Olivos durante una reunión de tres horas entre el presidente Milei y su vocero, Manuel Adorni. Según informó Cadena3, el encuentro se centró en definir los lineamientos estratégicos de la reforma y la metodología para su presentación y tratamiento en el Congreso.
El borrador técnico está siendo elaborado por el Ministerio de Desregulación, la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Estos funcionarios recomendaron al presidente que la reforma se tramite a través de un proyecto de ley, en lugar de una resolución administrativa, para otorgarle mayor legitimidad institucional.
La nueva legislación se apoyará en dos pilares fundamentales. El primero consiste en equiparar a los comunicadores con los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, imponiendo un control estricto sobre la evolución patrimonial de los periodistas, lo que representa un cambio profundo en la regulación de la profesión.
El segundo pilar apunta a flexibilizar las operaciones comerciales en el sector. Para ello, se reducirán las fiscalizaciones del ENACOM, se eliminarán las obligaciones sobre contenidos mínimos y se simplificará el sistema de licencias para medios de comunicación. Fuentes cercanas al gobierno indicaron que el objetivo es “promover un mercado más competitivo y ágil en el sector de telecomunicaciones”.
Además de esta reforma, el presidente Milei busca consolidar un paquete más amplio de diez leyes que el oficialismo enviará al Congreso. Este conjunto incluye modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal, la creación de juicios por jurados, reformas internas del CONICET, una ley de ludopatía y normativas para la regulación de la competencia.
