El PAMI suspendió a más de 1.500 prestadores en todo el país debido a graves irregularidades detectadas en auditorías internas. Además, presentó dos nuevas denuncias penales relacionadas con casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), bajo la dirección ejecutiva de Esteban Leguízamo, informó esta decisión mediante un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las suspensiones responden a auditorías permanentes que identificaron tres tipos principales de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no cumplían con los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. En el comunicado, el PAMI destacó que “los afiliados tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”.
Uno de los casos más relevantes se dio en Tucumán, donde el policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán y que ofrece múltiples especialidades y prácticas ambulatorias, fue objeto de una auditoría integral que reveló diversas faltas. Entre ellas, se encontraron problemas administrativos y el incumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos del paciente. Se detectó la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados. Además, se registraron demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, afectando la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Otro hallazgo destacado fue el sistema de asignación de turnos, que se realizaba cada un minuto bajo un esquema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada. También se detectó una cantidad significativa de consultas y estudios facturados al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. Estas conductas constituyen, según el organismo, un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
En Chaco, el caso involucró al médico J.C., prestador de la UGL XIII del PAMI. Las auditorías y controles técnicos detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas. El profesional no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo, que fueron consideradas insuficientes por el organismo. Estas irregularidades afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI, por lo que se aplicaron sanciones administrativas y se avanzó con la rescisión del contrato prestacional.
Debido a la gravedad de las irregularidades, el PAMI promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo informó al Ministerio Público Fiscal, considerando que estas irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Estos casos forman parte de un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde la asunción de Esteban Leguízamo al frente del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa millonaria articulada mediante órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Estas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Por ejemplo, un prestador con dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que requeriría jornadas de trabajo continuas de entre 81,5 y 108,7 horas.
Ante esta situación, el PAMI implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del organismo, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. Desde el Instituto aclararon que “auditar no significa perseguir” y aseguraron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que trabajan para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el país.
En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno del PAMI con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del organismo.
