Piden la remoción de diputados libertarios que visitaron a genocidas
Este jueves representantes del Colectivo Mario Bosch que nuclea a Abogadas y Abogados en causas de Lesa Humanidad de todo el país realizaron una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación a través de la cual manifestaron el repudio al accionar de los diputados nacionales de La Libertad Avanza Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Guillermo Montenegro (CABA), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alida Ferreyra (CABA) y solicitaron se inicie el proceso de remoción por inhabilidad moral sobreviniente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional.
En la presentación, sostiene que esos legisladores que “fueron elegidos por el voto democrático y que ejercen la representación popular en el Congreso Nacional carecen de la habilidad moral exigida mínimamente por nuestra Carta Magna”.
El miércoles 11, el grupo de legisladores, liderados por el entrerriano Beltrán Benedit decidió visitar a un grupo de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, donde están alojados genocidas reconocidos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, entre otros.
Asimismo, desde el Colectivo Mario Bosch se solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de los mecanismos establecidos de acceso a la información pública, se informen los trámites realizados por los legisladores para acceder a la unidad penitenciaria en donde se encuentran cumpliendo condena los genocidas; la normativa y resolución por la cual se los autorizó, el fundamento y razonabilidad de la misma, la duración de la visita y el lugar en donde se llevó adelante, detallando las personas que participaron de dicho encuentro, entre otras cuestiones a fin de evaluar otras posibles responsabilidades vinculadas a los hechos.
Ambas acciones son impulsadas por este Colectivo, que tiene más de una década de existencia y que es una parte activa en el impulso de los procesos judiciales que en todo el país se llevan adelante por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, se entiende que la visita que realizaron estos funcionarios públicos “debe leerse como parte de un discurso y una política negacionista que el actual gobierno nacional viene llevando adelante, con el objetivo de frenar el camino de Memoria, Verdad y Justicia y el Nunca Más, pisos de consenso social de nuestra Democracia construido a lo largo de décadas”.
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