El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. Esta medida judicial, anunciada el 20 de marzo en Miami, intensificó la ya tensa relación entre Washington y La Habana y marcó el inicio de una nueva ofensiva política de la administración de Donald Trump contra Cuba.
El contexto en que se produjo la acusación es especialmente complejo para Cuba, que atraviesa una profunda crisis económica y social caracterizada por apagones masivos, escasez de combustible, inflación elevada y una creciente presión diplomática de Estados Unidos. Además de Raúl Castro, fueron imputados otros cinco ciudadanos cubanos, entre ellos pilotos militares señalados como responsables directos del ataque aéreo.
El caso judicial reabre uno de los episodios más delicados en la historia reciente de las relaciones bilaterales: el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos radicada en Florida que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para detectar balsas de migrantes. En el ataque murieron tres ciudadanos estadounidenses —Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña—, además de Pablo Morales, residente permanente en Estados Unidos. Según la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas, las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, una versión que La Habana siempre negó. Washington calificó el hecho como una violación del derecho internacional.
El Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro, quien en ese momento era ministro de Defensa, de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio en cuatro cargos y destrucción de aeronaves. Durante la conferencia de prensa en Miami, el fiscal general interino Todd Blanche afirmó que “Estados Unidos no olvida ni olvidará a sus ciudadanos”, evidenciando un endurecimiento judicial contra la dirigencia cubana.
La reacción del gobierno cubano no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó el caso como “carente de base legal” y denunció que Washington intenta construir “un expediente” para justificar una eventual agresión militar contra la isla. Por su parte, la Cancillería cubana defendió el operativo de 1996 como un acto de “legítima defensa” frente a reiteradas violaciones del espacio aéreo nacional.
Esta escalada en el discurso estadounidense coincidió con una nueva ofensiva política liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien difundió un mensaje dirigido directamente al pueblo cubano. Rubio acusó al gobierno de corrupción, robo y represión, y prometió una “nueva Cuba” alineada con Washington, reforzando así la estrategia de presión diplomática sobre La Habana.
El presidente Donald Trump aprovechó políticamente la acusación y calificó el procesamiento como “un momento muy importante”. Aunque descartó por el momento una intervención militar directa, describió a Cuba como “un desastre” y sostuvo que el gobierno cubano perdió el control de la situación. Sus declaraciones alimentaron especulaciones sobre una posible radicalización de la política exterior estadounidense hacia la isla.
En Estados Unidos también surgieron advertencias sobre el impacto de esta ofensiva judicial. El congresista demócrata Gregory Meeks afirmó que Raúl Castro “debe rendir cuentas” por la muerte de ciudadanos estadounidenses, pero alertó que la acusación podría ser utilizada como “un pretexto para una escalada” o incluso una intervención ilegal, reflejando la preocupación por un posible aumento de la tensión regional.
La crisis económica cubana agrava aún más el escenario. La isla enfrenta desde hace meses una persistente crisis energética con cortes diarios de luz y dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible, situación que se agravó tras la reducción del envío de petróleo venezolano y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. En este marco, Rubio dejó abierta la posibilidad de un paquete de ayuda económica de hasta 100 millones de dólares si Cuba avanza hacia una apertura política, afirmando que “lo único que impide un futuro mejor son quienes controlan el país”.
El episodio del derribo de las avionetas marcó un antes y un después en la relación bilateral. Tras el ataque, el entonces presidente Bill Clinton endureció las sanciones contra Cuba y el Congreso estadounidense aprobó nuevas restricciones económicas. Años después, Raúl Castro y Barack Obama protagonizaron un proceso de deshielo diplomático que fue revertido por Trump durante su regreso al poder. La acusación actual vuelve a reflejar la volatilidad y el vaivén de las relaciones entre ambos países.
Con Cuba enfrentando una de sus crisis más profundas desde el colapso soviético, la acusación contra Raúl Castro coloca nuevamente a la isla en el centro de la disputa geopolítica regional y abre un nuevo capítulo de tensión entre Washington y La Habana.
