Un reciente fallo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires estableció que los conductores que trabajan para plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para poder continuar prestando servicios. Esta decisión busca equiparar las condiciones y obligaciones de las aplicaciones digitales con las que ya cumplen los taxis y remises en la ciudad.
La resolución fue emitida por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, tras un reclamo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces consideraron que las plataformas digitales brindan un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden operar al margen de los controles y exigencias regulatorias que rigen para el resto del sector.
En la práctica, esto implica un cambio significativo para miles de conductores que hasta ahora manejaban con licencias comunes. Según el fallo, mientras no exista una ley específica que regule a Uber, Cabify y DiDi, sus choferes deberán cumplir con los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo la obtención de habilitaciones, seguros para transporte de pasajeros y licencias profesionales.
Los magistrados señalaron que las aplicaciones no pueden continuar operando en un “vacío legal” que les permita eludir controles regulatorios. Destacaron que taxis y remises afrontan costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían hasta ahora, generando una situación de competencia desigual.
Además de exigir la licencia profesional y seguros específicos, el fallo establece que los conductores deberán contar con cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil, cumplir con controles y habilitaciones similares a los taxis y remises, y adecuarse a futuras regulaciones que dicte la Ciudad de Buenos Aires.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín consideraron que Uber y otras aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no solo de una plataforma tecnológica. Para fundamentar esta postura, citaron precedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Según la resolución, la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, pero al mismo tiempo permitía su publicidad en espacios públicos y no implementaba controles efectivos.
Además de imponer nuevas obligaciones a los conductores, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad que avance en otros aspectos vinculados a las plataformas digitales. Entre ellos, iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros o licencias.
Otro punto relevante es que, mientras persista esta diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrar a los taxistas ciertos aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que no puede exigirse un esquema de costos más oneroso a un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.
