El verano pasado se registró en la Patagonia argentina la temporada de incendios forestales más grave en 60 años, según un estudio reciente elaborado por Greenpeace. A partir del análisis de imágenes satelitales, la organización ambiental determinó que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 el fuego consumió 60.845 hectáreas de bosques, una superficie equivalente a casi tres veces la Ciudad de Buenos Aires.
Este dato representa un aumento significativo respecto a temporadas anteriores. En la temporada previa, se habían quemado 31.722 hectáreas, por lo que la cifra actual duplica ese valor y es diez veces mayor al promedio registrado entre 2022 y 2024. El informe destaca que la provincia de Chubut fue la más afectada, con 60.304 hectáreas dañadas, seguida por Santa Cruz con 290 hectáreas, Neuquén con 238 y Río Negro con 13 hectáreas.
La gravedad de los incendios no solo radica en la extensión afectada, sino también en el valor ecológico de las áreas dañadas. Entre los focos más severos se encuentran los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de El Turbio, ambos en Chubut, además de los que afectaron sectores del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Estos son ecosistemas protegidos que albergaban bosques en buen estado de conservación. Asimismo, las llamas avanzaron en localidades como Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde no solo se quemaron áreas boscosas y plantaciones, sino también viviendas e infraestructura, evidenciando la vulnerabilidad creciente de las comunidades en la región cordillerana.
Greenpeace relaciona este escenario con la profundización de la crisis climática global. El aumento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y las condiciones meteorológicas extremas crean un contexto propicio para la propagación de incendios de alta intensidad. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el consenso científico viene alertando sobre la crisis climática en la que nos encontramos, que agrava las sequías y provoca un incremento de los incendios forestales”.
Además, la organización cuestionó las iniciativas que buscan flexibilizar la legislación ambiental, en particular posibles modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Bosques, ya que podrían debilitar los mecanismos de protección de los ecosistemas nativos. Otro factor señalado es la insuficiencia de recursos destinados a la prevención y el combate temprano de los incendios. Greenpeace reclamó un aumento significativo en la cantidad de brigadistas, equipamiento e infraestructura, tanto a nivel nacional como provincial.
Esta demanda cobra especial relevancia tras la reciente decisión del Gobierno nacional de recortar más de 2.500 millones de pesos en programas vinculados con la conservación y administración de áreas protegidas de Parques Nacionales. Entre las áreas afectadas por estos recortes están Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Los Alerces, todas ubicadas en regiones expuestas al riesgo de incendios.
En materia de prevención, Greenpeace destacó que alrededor del 95% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia, accidentes o acciones intencionales. Por ello, considera fundamental reforzar las campañas de concientización y avanzar en la erradicación progresiva de pinos exóticos en municipios y áreas protegidas, dado que estas especies favorecen la propagación del fuego y dificultan la recuperación de los bosques nativos. Paralelamente, la organización impulsa una campaña para que se incorporen penas de prisión para quienes provoquen incendios forestales o desmontes ilegales. Esta iniciativa ya cuenta con más de 300 mil adhesiones ciudadanas y busca instalar en la agenda pública una discusión que, tras la peor temporada de incendios en seis décadas, adquiere una urgencia inédita.
