En el marco del aniversario del movimiento Ni Una Menos, celebrado cada 3 de junio en Argentina, el Poder Judicial de Entre Ríos, a través de la Oficina de la Mujer (OM), difundió este martes las estadísticas sobre femicidios ocurridos en la provincia durante 2025. El objetivo es visibilizar esta problemática que afecta a miles de mujeres y reafirmar el compromiso institucional con la prevención, el abordaje y el acceso a la justicia para quienes sufren violencia de género.
Según el relevamiento de la OM, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron en Entre Ríos dos femicidios directos y un femicidio vinculado, que incluye otras muertes violentas relacionadas con contextos de violencia de género.
Las víctimas tenían edades comprendidas entre 22 y 42 años. Los hechos ocurrieron en diferentes localidades de la provincia: Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En cuanto al lugar de los crímenes, uno sucedió en un espacio público, otro en el domicilio de la víctima y el tercero en una zona rural.
Los registros también indican que dos niños quedaron sin madre a causa de estos femicidios. En cuanto a los métodos utilizados, se identificaron un caso con arma de fuego, otro con arma blanca y un tercero mediante el uso de fuerza física.
El análisis de los datos revela que el 100% de las víctimas conocía a su agresor, y en el 80% existía o había existido una relación afectiva o sentimental entre la víctima y el femicida. Esto refleja una característica recurrente de la violencia extrema por motivos de género: que ocurre en ámbitos de cercanía y confianza.
Además, en dos de los casos no había medidas judiciales de protección previas. En el restante, el agresor tenía una condena condicional dictada en un juicio abreviado. Uno de los femicidas se suicidó tras cometer el crimen, mientras que los otros dos permanecen detenidos en una unidad penal.
Sobre la estadística
Fernanda Baima, directora de la Oficina de la Mujer, destacó que la información estadística es fundamental para diseñar políticas públicas, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Estas estadísticas permiten dimensionar la problemática, identificar patrones de riesgo y mejorar las respuestas institucionales para defender los derechos de las víctimas.
En el marco de la consigna “Vivas nos queremos. Ni una muerta más”, la OM reafirma su compromiso con la construcción de una justicia más cercana, sensible y eficaz en la prevención, detección temprana y abordaje de las violencias por motivos de género. A través de capacitaciones permanentes, producción de información estratégica, articulación interinstitucional y fortalecimiento de herramientas de protección para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, el Poder Judicial trabaja para contribuir a una sociedad libre de violencias, donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad.
Acciones y políticas públicas
Por su parte, Sofía Uranga, directora de la Oficina de Violencia de Género (OVG), afirmó que el organismo ratifica su compromiso con el acceso a la justicia, la transparencia y la protección de las mujeres y sus hijos e hijas. Señaló que la producción y difusión de estadísticas no solo cumple un deber institucional, sino que también busca visibilizar la urgencia de continuar trabajando en la prevención y erradicación de la violencia de género en la provincia.
El mantenimiento del Centro Judicial de Género, desde una perspectiva de transversalización e intervención concreta, es una decisión estratégica del Poder Judicial para profundizar las políticas que garanticen una vida libre de violencias. Tras más de una década de trabajo sostenido, esta política tomó nuevo impulso con la creación del Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV), que fortalecerá la capacidad de respuesta de los operadores judiciales en todo el territorio provincial e igualará el acceso a la justicia en materia de violencia de género.
“Identificar riesgos e intervenir a tiempo es condición indispensable para prevenir la violencia extrema. El Estado actúa; la sociedad también es convocada a hacerlo, y fechas como la de hoy son expresión de ese compromiso colectivo”, concluyó Uranga, quien asumió recientemente su cargo tras un proceso de convocatoria en el Poder Judicial.
