La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) interpuso un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para solicitar la nulidad de la Resolución 42/26, que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica dentro del organismo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, criticó con firmeza la decisión y afirmó que el Gobierno está actuando “al margen de la ley”, calificando la medida como un intento de desmantelar el INTI. Según explicó, las resoluciones del Consejo Directivo no tienen facultades para modificar funciones ni eliminar programas que fueron creados por ley, por lo que consideró que la resolución es ilegal y debe ser suspendida de inmediato.
Desde el sindicato advirtieron que esta medida no solo perjudica a los trabajadores del instituto, sino que también afecta a diversos sectores productivos que dependen de los servicios del INTI, en particular a pequeñas y medianas empresas que utilizan ensayos, asistencia técnica y desarrollos tecnológicos para su actividad.
En la presentación judicial, ATE señaló que la resolución implica un “vaciamiento institucional” y forma parte de un proceso más amplio que ya había sido cuestionado anteriormente en la Justicia. El gremio sostiene que esta política impacta negativamente en la capacidad del INTI para cumplir con su rol en el desarrollo tecnológico e industrial del país.
Este conflicto genera un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto donde se discute el papel de los organismos técnicos y su influencia en la industria nacional, mientras crecen las preocupaciones sobre la continuidad y fortalecimiento de estos servicios estratégicos.
