El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, se pronunció en defensa de la temporada de caza menor habilitada en la provincia, tras las críticas de diversas organizaciones ambientalistas y proteccionistas. En una entrevista emitida este domingo en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7), Bernaudo afirmó que “no podemos prohibir lo que está permitido”, haciendo referencia a que la práctica cinegética está regulada tanto por la Constitución como por la legislación vigente.
En un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se expuso la controversia entre quienes realizan esta actividad comercial y quienes denuncian las matanzas de aves, en particular de patos, durante la temporada que se extiende desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto. Gabriel Bonomi, referente de la ONG Ceydas, cuestionó la medida, mientras que numerosas entidades expresaron su rechazo a la decisión del gobierno provincial.
Frente a estas críticas, Bernaudo explicó que la caza menor se realiza con “mucha prudencia” y está respaldada por estudios científicos que se presentaron este año en Victoria, con la participación de técnicos provinciales y universitarios. Aclaró que las especies involucradas no están en peligro de extinción y que se trata de aves migratorias que recorren desde Estados Unidos hasta la región. Además, destacó que esta práctica está autorizada en varios países, incluyendo siete u ocho estados de Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, algunos con menos controles que en Argentina.
El ministro también resaltó el impacto económico de la actividad, señalando que “genera empleo” y que atrae a turistas que pagan sumas importantes por servicios de hotelería y otros rubros vinculados. Indicó que, aunque la cantidad de personas que participan es menor en comparación con otros eventos turísticos, el gasto que realizan es significativo y beneficia a quienes trabajan en limpieza, gastronomía y comercio local.
Sobre los controles, Bernaudo detalló que los extranjeros deben cazar exclusivamente en cotos habilitados y registrados, donde se realizan inspecciones aleatorias durante la temporada. Los fiscalizadores verifican que las actividades coincidan con los registros oficiales y destacó que los cazadores extranjeros suelen ser muy cumplidores de las normas. Rechazó la idea de que las zonas de caza sean de difícil acceso, afirmando que todos los cotos son accesibles en vehículo y que cualquier lugar que presente problemas pierde su permiso.
En otro tramo de la entrevista, Bernaudo informó sobre el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Entre Ríos, destacando que se superaron los 200 millones de dólares en inversiones y que se proyectan cerca de 7.000 empleos. Mencionó la entrega reciente de un certificado RIGI a un molino arrocero en La Paz y señaló que estas entregas se realizan casi semanalmente.
Consultado sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas y la pérdida de empleo, el ministro reconoció que se trata de un fenómeno nacional, aunque aseguró que la provincia está “un poquitito mejor que el promedio” debido a la fuerte presencia del sector agropecuario y agroindustrial. Indicó que, si bien el sector arrocero atraviesa dificultades, otras actividades han sufrido menos la caída del empleo en comparación con el resto del país.
Bernaudo destacó una señal positiva en el comercio exterior: la primera exportación de miel entrerriana a la Unión Europea sin aranceles, que anticipa un impacto favorable también para la industria cárnica. Reconoció que el comercio pyme enfrenta desafíos importantes a nivel nacional, como la competencia con productos extranjeros y el comercio online, pero afirmó que la provincia está en una mejor situación relativa.
Finalmente, el ministro se refirió a los principales reclamos del sector agropecuario, identificando como prioridades la mejora de la red eléctrica y la infraestructura vial. Explicó que el crecimiento de la actividad avícola demanda más electricidad y que la falta de inversión en las cooperativas eléctricas ha generado limitaciones para instalar nuevos galpones. En cuanto a los caminos rurales, señaló que se destina el 100% del inmobiliario rural a su mantenimiento, pero que esto no es suficiente y que se trabaja en conjunto con los consorcios camineros para mejorar la situación.
