El Juzgado Federal de Campana resolvió este martes suspender el cierre del programa social “Volver al Trabajo” y ordenó al Gobierno nacional mantener los pagos que reciben sus beneficiarios. La decisión judicial responde a una medida cautelar presentada contra la eliminación del programa, prevista originalmente para mayo, y obliga al Ministerio de Capital Humano a sostener la vigencia de las prestaciones económicas dentro de un plazo de tres días desde la notificación.
El fallo tendrá efecto hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo. En el texto judicial, se ordena “mantener la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo”, según informó el medio Ámbito. El programa alcanza a unas 900 mil personas en todo el país, quienes actualmente reciben una asistencia cercana a los 80 mil pesos mensuales.
La medida fue dictada tras el anuncio oficial de reemplazar el sistema por un esquema de vouchers orientados a capacitaciones. Sin embargo, el juzgado consideró que una interrupción inmediata del beneficio podría afectar derechos esenciales de sectores vulnerables. Entre sus fundamentos, el fallo sostiene que el corte abrupto de las prestaciones sin una alternativa concreta comprometería el acceso a condiciones dignas de vida, seguridad social y salud.
Además, el magistrado remarcó que estos aportes poseen un “profundo contenido social” y que su cancelación, en el contexto actual, podría resultar arbitraria e irrazonable. En cuanto a la propuesta oficial de sustituir el programa por vouchers de formación, el juez entendió que esa alternativa no equivale a la asistencia monetaria mensual que reciben los beneficiarios y que no quedó acreditado que dicho mecanismo permita cubrir las necesidades básicas que hoy son atendidas con los pagos vigentes.
Otro punto central del fallo fue la inmediatez del perjuicio potencial para quienes cobran el programa. La resolución indicó que existía “urgencia y peligro en la demora” debido a la finalización anunciada para este mes, lo que justificó la adopción de la medida cautelar para evitar daños irreparables mientras se resuelve la cuestión de fondo.
