Un juzgado federal de Campana dictó una medida cautelar que impide la eliminación del programa y obliga al Estado a continuar con las prestaciones económicas para cerca de 900 mil beneficiarios.
El Ejecutivo nacional solicitó a la Corte Suprema que intervenga directamente en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos de la ley.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”. Aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo