Por Decreto, el gobierno nacional le quitó fecuencias a Arsat para otorgarlas al sector privado

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y dispuso quitarle frecuencias del espectro radioeléctrico a Arsat para asignarlas a prestadores del sector privado, con el objetivo de brindar servicios de comunicaciones móviles. Hasta ahora, era la empresa estatal la que tenía preferencia. No serán sólo las grandes prestadoras las que puedan acceder, sino también operadores y cooperativas regionales.

Según el DNU, que lleva el número 58/2019 y modifica la ley nº 27.208, el gobierno de Mauricio Macri dispuso otorgar “participación a prestadores de servicios de telecomunicaciones de carácter regional públicos o privados”. Entre los argumentos figura “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional”.

La ley nº 27.208, sancionada en noviembre de 2015, declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. Con el DNU publicado este lunes, un número de frecuencias no menor el 20 por ciento de las que se prevé asignar pueden ser otorgadas a prestadores del sector privado. A la vez, se estableción que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asignará en forma directa a Arsat "las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines".

“Resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado nacional ponga a disposición de prestadores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en la ley 27.208, reservadas con carácter preferencial a Arsat, de manera de promover su utilización para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles", se especifica en el DNU, al tiempo que se explica que se utilizó esta herramienta “por la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes", ya que "esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".

Del texto del decreto, se desprende que las frecuencias que serán colocadas en el mercado no serán exclusivas para grandes prestadores como Personal, Claro o Movistar, sino que se abre la participación a operadores regionales y locales. Cabe mencionar que las operadoras independientes y las cooperativas del sector vienen reclamando desde hace más de una década su ingreso al negocio de las comunicaciones móviles.

En un anexo del DNU se detallan las frecuencias alcanzadas, que sirven para brindar servicios móviles 3G y 4G. Se trata de bandas nacionales de 700 mhz y de 1,7-2,1 mhz, y regionales de 1.800-1.900 mhz.

Ahora el decreto debe pasar la instancia de aprobación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para cumplir con el trámite, contados a partir del 1º de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias.